Carmena se equivoca: De prófugos y exiliados.

 

El Chorrillo, 25 de enero de 2021

 

Me inspiran estas líneas unas declaraciones de Manuela Carmena, de quien soy ferviente admirador pero con la que esta mañana, por ayer, estaba en total desacuerdo. El asunto estaba relacionado con ese hombre que, al decir de mi amigo Cive, tiene un nombre en exceso redundante, un puig que es monte y un mont, que vuelve a ser monte, sí, parece como elegido por unos ancestros obsesionados por las grandes protuberancias rocosas de su tierra, de parecida manera a la que debieron de sufrir aquellos que bautizaron a Montserrat, que además de ser una isla del Caribe, es una bella formación rocosa al noroeste de Barcelona, con la reiteración de su alusión ortográfica que parecía así asentar la excelencia de su presencia desde cualquier punto de los alrededores de Manresa y Barcelona hasta las estribaciones del Pirineo. Decía Manuela, un nombre que cada vez me suena más bonito desde que tengo una nieta más, ésta tan simpática y más bonita que todas las cosas, refiriéndose a Puigdemont, que en una democracia alguien que no se presenta ante un tribunal es un prófugo y no un exiliado. Se sabe desde los pasos más rudimentarios de la lógica, allá por los primeros filósofos griegos, que la leyes de la lógica deben limitar sus conclusiones a unas premisas bien asentadas y comprobadas. Presumir que esto que vivimos es una democracia o que, como sugería un amigo con el que conversaba esta tarde por teléfono, que aquí ya estamos confinados otra vez, en la primera persona del plural del imperativo con un aceptemos un marco conceptual común, suponiendo que ese marco conceptual es algo que podríamos fijar de parecida manera a como definimos el metro o el litro, es a mi entender cuanto menos una falta de rigor, porque primero, en el asunto que nos trae, se hace un uso espurio de la ley, lo que invalida la alusión a la democracia o al marco conceptual común como referencia para hacer acatar la ley. Primero tendríamos que constatar que la ley se atiene a la justicia, algo que para Henry Thoreau era preliminar a la ley misma, después tener la convicción de que esa ley es aplicada sin partidismo y con ecuanimidad y sin rastros de esa venganza tan evidente que destila un poder judicial totalmente corrupto y partidista, convicción que obviamente falta y que da sobrados motivos para que el Tribunal Supremo y todas sus ramificaciones en pleno deban ser juzgados algún día por prevaricación.

Las posibilidades de credibilidad que tienen tanto el poder judicial, los abonados a las filas del PSOE y todos sus correligionarios a su derecha de guiarse por criterios de justicia es prácticamente nula. Ahí les tenemos no más arropando a ese infecto rey emérito acumulando millones y millones de euros a costa de los españolitos de a pie. Vivimos en un país donde la justicia ha dado sobradas pruebas de parcialidad y conchabismo (y como ni sé si ese conchabismo existe en castellano, me voy al Google y me encuentro un tuit que dice lo siguiente: “El Tribunal Europeo evidencia repugnante conchabismo de PP-PSOE-Instituciones del Estado con la banca que rescataron con billones”. Más madera, que diría Buster Keaton mientras cebaba la caldera de la locomotora en El maquinista de la general). En un país donde el verbo conchabar está a la orden del día y donde todos somos iguales ante la ley –una carcajada, por favor–, donde no es posible juzgar a los ladrones porque el PSOE y todos los partidos de derechas como él están conchabados para protegerlos, venir hablando de la vaina de la ley como si ésta estuviera hecha para todos y no sólo para los robagallinas, puede llegar a ser una falta de respeto para todos aquellos que sufren las consecuencias de la arbitrariedad y el uso espurio de la ley.

Todo lo anterior en relación a las premisas con que se quiere hacer de Puigdemont –que por cierto en absoluto es santo de mi devoción, que en todo caso sería lo contrario– un prófugo en lugar de un exiliado en función de unos criterios absolutamente antidemocráticos que prohíben al pueblo catalán expresar su opinión respecto a lo que sea. Quienes intentan prohibir a los ciudadanos expresarse pública y libremente dando su opinión sobre un asunto que les concierne, están fuera de lo que hoy consideramos una democracia. Así que usando el esquema de la argumentación de Carmena: si en una democracia alguien prohíbe a algunos ciudadanos decir lo que piensan, ésta no es una democracia, esto es un conchabismo donde partes interesadas imponen a otros con el uso de la fuerza su jarabe de palo. Y los presos políticos que tenemos todavía en la cárcel no son otra cosa que el producto de esa zafia banda de antidemócratas que arrastra el franquismo y que el PSOE santifica con el hisopo de su, eso, conchabismo.

Puigdemont no es un prófugo porque de quien huye no es de la justicia sino de la injusticia y de una falta de imparcialidad sobradamente demostrada. Aquí está la definición de exiliado: “Persona que se ha visto obligada a abandonar su país y refugiarse en otro, generalmente por razones políticas”. O Manuela Carmena anda mal de comprensión lectora o se le ha metido entre ceja y ceja el señor de los dos montes, o, y es lo más probable, sus desencuentros con Pablo Iglesias, que vienen de lejos, y que probablemente tuvieron una buena parte de culpa en el descalabro de Más Madrid en las últimas elecciones municipales, y que hace días comparó a lo exiliados catalanes con los de la Segunda República; sus desencuentros, decía, le han llevado a intentar desacreditar a Iglesias mediante el particular juego de unas bolas de billar destinadas a su declarado opositor. Y si no, vaya usted a saber.