La ley y su dudosa objetividad

El Chorrillo, 26 de enero de 2021

 

Para comenzar vaya por delante que con las líneas que siguen no trato en absoluto de convencer a nadie de nada, que la única finalidad de esta entrada es aclararme yo mismo, algo que sucede con bastante frecuencia en este diario.

Escribía un comentarista hoy, objetando sobre algunas ideas que yo había vertido en un post anterior sobre la ley y la justicia, que la ley era objetiva, mientras que lo que es justo o no, es subjetivo. Cuando personas con capacidad para analizar un asunto, como es el caso hoy, se encuentran con tener una opinión tan dispar respecto a algo tan importante como es la definición de los términos que rigen la convivencia y el orden de una sociedad, tengo la impresión de que lo que sucede es que estamos tan empachados del “orden establecido” y de la verborrea de los periódicos que difícilmente llegamos a ver la obviedad de que la ley es totalmente subjetiva, mientras que otros, en el lado opuesto, que sufrimos la inoperancia de la ley o su sectarismo, nos vemos cuestionados por una especie de incivilidad cuando ponemos en solfa alguna de esas leyes .

La objetividad de la ley y el poder legislativo. No basta decir que la ley aquí, y en casi todo el mundo, está hecha para los robagallinas y en mucho menor grado para aquellos que detentan una considerable cantidad de poder o disponen de medios económicos suficientes para doblar la cerviz a la ley a sus legisladores o a aquellos que deben ejecutarlas, ello si no son esos mismo legisladores los que apañan lo textos legislativos a su acomodo y condición. Las leyes de Franco: cuando a mí para ejercer de funcionario me hicieron firmar un documento en el que me comprometía a acatar las Leyes Fundamentales del Estado, imponían un comportamiento, pero en absoluto eran justas, y no hablo de los crímenes perpetrados al amparo de esas leyes. Las dudas sobre la objetividad de las leyes se acumulan por todos los lados.

Naturalmente, que haya legisladores y jueces chorizos que amañen el cotarro a su conveniencia o a conveniencia de sus adláteres no invalida la validez de la ley; no van por ahí los tiros. Digamos que de momento hay que coger la ley con las pinzas, olerla, meterla en el microscopio y ver de qué está hecha por dentro. No viene de más cuestionarla y saber de su procedencia; sólo por si acaso. Nada más que eso.

El poder judicial. Como la ley por sí sola es bien poca cosa si no existe un poder judicial y ejecutivo que la avalen, podemos seguir el cuento pasando por nuestro olfato al siguiente en la lista, el poder judicial donde  las castañas que no han podido ser asadas en la primera hornada se terminan de poner a punto en esta institución. Y para ello, si no son capaces de adaptarse a otros poderes de mayor fuerza, quitamos a los jueces que no nos convienen, ponemos a los que van a nuestro favor o constituimos un poder judicial a la medida de las conveniencias, ¿de quien? Obviamente de aquellos que han preparando el terreno nombrando a jueces concretos. ¿Alguien piensa que si el Tribunal Supremo estuviera compuesto por independentistas catalanes, siendo la ley la misma, Junqueras y los demás políticos catalanes serían ahora presos políticos encarcelados, que Puigdemont, con quien en absoluto comulgo, sería hoy un exiliado? ¿Dónde está la objetividad de la ley?

El poder ejecutivo. Y más, no nos dejemos atrás a los que ejecutan la ley, que ahí tenemos como ejemplos aleatorios el caso de Alsasua sin más aplicando la ley antiterrorista a una riña de bar porque una parte en juego que tenían más de camorristas resultó que eran guardia civiles, o al cazaelefantes, al rey emérito vivito y coleando cuando probablemente debería estar en la cárcel.

El argumentario que trata a toda costa de hacer valer la ley por encima de todas las cosas sería válido en una sociedad utópica en donde lo chorizos de corbata, los lobbies y todos lo que medran a su amparo no existieran; de ahí la necesidad de defender la ley, pero, pero, repito, con un montón de matices, porque es obvio que necesitamos una norma común, un marco conceptual común, que decía ayer con más precisión el amigo Cive.  Si cada vez que tenemos una nueva ley nos convertimos en ciegos cumplidores de ella podemos dejar al arbitrio de impostores, legisladores, jueces y ejecutores, una parte considerable de nuestro patrimonio cultural y cívico, podemos dejar en sus manos nuestro indeclinable derecho a la libertad de expresión, por ejemplo; y al pueblo catalán se le ha negado ese derecho fundamental, que está en la base de la discusión que comencé días atrás a raíz de las palabras de la entrevista con Manuela Carmena en Infolibre.

La ley no es nunca objetiva, la ley es elaborada por sujetos concretos, y con frecuencia mediatizados, por tanto es y será siempre subjetiva en su elaboración, de ahí la necesidad de cuestionarla y acatarla en la medida en que puede no ser justa. Thoreau, el pionero de la resistencia pacífica, consideró que era indebida una ley que destinaba sus impuestos a una guerra injusta y se atuvo a su conciencia. Fue encarcelado. También Rosa Park fue detenida, o Nelson Mandela que pasó muchos años en la cárcel. Lo que está en juego es la perfectibilidad del sistema legislativo, el judicial y el ejecutivo, así como la corrupción e imparcialidad de los mismos, lo que tenido muy en cuenta y de ser apoyado por un número importante de ciudadanos podría llevar a mejorar esta dichosa democracia que no parece otra cosa que una sombra de lo que realmente debe ser.

La apuesta al considerar la ley como altamente subjetiva debería llevarnos a prestigiar a ésta y dotarla de robustez y justicia, algo que a tantos políticos y legisladores se la trae floja viendo cómo día a día la desprestigian, la pisotean y hacen escarnio de ella a cada momento. Leamos los periódicos y veamos quiénes son los que desmoronan continuamente los cimientos de la ley; con el PP y el PSOE a la cabeza apenas se salva ninguno. La ley para ellos es una pelota de plastilina con la que atender sus objetivos más prioritarios.