La condición anfibia de la educación concertada

 

 

El Chorrillo, 10 de noviembre de 2020

  

Decir que alguien es contradictorio a modo de reproche, porque no es coherente en todas sus decisiones con ideas expresadas anteriormente, es una constante argumental  que se encuentra frecuentemente en aquellos que intentan echar abajo las razones de alguien en base a la incoherencia que contiene su comportamiento. Anoche me lo encontré sin ir más lejos en un largo post de mi amigo David que arremetía contra la reforma en ciernes de la escuela concertada. Mi primera intención al empezar a escribir venía dada por la idea de hacer una defensa de cierto grado de incoherencia en la que vivimos casi todo el mundo. Nos jode lo de Amazon porque deja con el culo al aire a los pequeños comercios, pero seguimos comprando en Amazon, yo en particular que vivo en mitad del campo y me llega desde cualquier parte del mundo lo que necesito y por tanto, entre otras cosas me protejo del Covid no saliendo de casa; necesitamos echar abajo los argumentos de alguien y en vez de servirnos de otros argumentos, señalamos la incoherencia de ese alguien que defiende la escuela pública pero lleva a sus hijos a una escuela privada o concertada… A ese tipo de cosas quería referirme, pero en el camino me encontré con otro asunto al que enseguida desvié mis preferencias: quise aclararme sobre la sinrazón de la existencia de una escuela concertada en un país donde la enseñanza pública ha venido siendo esquilmada de profesores desde hace décadas por razones presupuestarias. En una situación así ¿es lógico seguir derivando cuantiosas partidas del presupuesto común hacia una escuela privada, que bajo el nombre de “concertada”, atiende netamente a intereses privados?

 En su escrito David dice entre otras cosas que la tal reforma trata de arrebatar a los padres el derecho constitucional de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, algo que en absoluto es cierto, ya que en nada se privaría a los padres de tal libertad en el caso poco probable de que se suprimieran los beneficios que las empresas privadas dedicadas a la educación reciben del erario público. Erario público que obviamente, como su adjetivo indica, debe atender a lo público y en mucha menor medida a lo privado. Un hecho marginal en todo caso de lo que pretendo poner de relieve aquí, y que viene dado porque David, buscándole las cosquillas al sistema y a las ideas en sus propias contradicciones, a continuación menciona el hecho de que la ministra Isabel Celaá, eligiera para la educación de sus dos hijas un colegio concertado. Dice David, tras mostrar esta fragrante contradicción de la ministra que, predicando una cosa hace otra, que le agradece la confianza que en su momento mostró hacia la enseñanza concertada en la educación de sus hijas.

Creo que para mayor claridad de los asuntos no conviene mezclar ideas y usarlas de manera indiscriminada a la hora de apuntalar un tema cuando ambas no guardan relación. Deducir que la ministra ha mostrado su confianza hacia la enseñanza concertada, así en general, por el hecho de llevar a sus hijas a una escuela concertada, creo que es argumentar en falso por la sencilla razón de que de quien se recibe la educación no es de un ente abstracto bajo el que se pueden cobijar ideologías, elitismo y una posible concepción de la educación ajena a un servicio público esencial que debe prestar el Estado, sino de unas personas de carne y hueso. Antes de cualquier argumento, creo, en pro o en contra de una escuela pública o privada merecería la pena dejar bien sentado que lo que queremos para nuestros hijos es una educación de calidad, venga ésta de donde venga. Yo abogo en términos generales por la escuela pública, pero no me ruborizaría en absoluto si hubiera decidido llevar a mis hijos a determinada escuela privada, y fundamentalmente porque la educación/enseñanza esencialmente la imparten personas concretas, que pueden ser incompetentes, indolentes y vagas y no importarles un comino el trabajo que están haciendo o bien, puede suceder lo contrario. Así que para mí de entrada ni pública ni privada, la opción es otra, la de que mis hijos estuvieran bajo la tutela de un buen profesional a cuyas cualidades profesionales se sumaran un puñado de cualidades personales y morales. Mis tres hijos fueron en EGB alumnos míos en el colegio donde daba clase. Años más tarde las rutinas del reparto de aulas por los profesores hizo que mis hijos cayeran en manos de un profesor de moralidad y competencia muy dudosa. No hubo otra opción entonces que sacarles del colegio y buscar otro en diferente localidad, unos profesores que estuvieran en la línea de calidad educativa que buscábamos para nuestros hijos. Creo que fue una actitud razonable incluyendo la posibilidad de que el costo de nuestra decisión fuera oneroso y pudiera desequilibrar nuestro presupuesto familiar. Pretender por nuestra parte que el Estado hubiera asumido los gastos de educación de nuestros hijos porque no nos gustaba en las manos del profesor en que habían caído, lo hubiéramos considerado inadecuado y poco moral.

Reestableciendo el hilo de la argumentación yo apuntaría en primer lugar a ese principio fundamental de la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que puedan desear. Y siguiendo éste, si prefieren, de parecida manera a como algunos optan en sanidad por Sanitas, Adeslas o el hospital Quirón en lugar de por la Seguridad Social, no poner ningún inconveniente en que los padres busquen una educación para sus hijos en el ámbito de las empresas privadas (De Google: “La empresa privada es una entidad con fines de lucro cuyos propietarios, o accionistas mayoritarios, son personas o instituciones particulares) cuya finalidad es la obtención de beneficios, o en otros casos particulares el adoctrinamiento para los pupilos en determinada línea ideológica que los padres puedan encontrar afines a sus deseos, algo justo y lógico, pero de asumir económicamente por propia coherencia interna por dichos padres. Hasta aquí la obviedad de que la libertad de elección de centro está garantizada por el Estado acorde con la Constitución.

¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue simplemente es que aquellos que prefieren una determinada educación acorde con sus ideas, su bolsillo, su elitismo, la clase social o religiosa a la que pertenecen, deseando una particular educación para sus hijos, pretenden que esta singular predilección sea sufragada por el Estado. A mí no me gusta la sanidad promovida por el Estado y entonces me busco otro modo de solucionar mis problemas sanitarios en el ámbito de lo privado… y además que salga de los Presupuestos Generales del Estado. Como argumento esto parece tan simple y a la vez tan fuera de razón que cuesta entender cómo tantas personas, pretendiendo anexar la libertad de elección de centro al hecho de que el Estado corra con sus particulares predilecciones, tratan de confundir a lectores despistados que no caen en que todo privado deseo debe ser asumido monetariamente por quien busca particulares y personales servicios.

¿Sucederá como siempre que el Estado tenga que socializar los agujeros de la economía privada, atender a los intereses concretos de grupos de presión y de personas mientras se desatienden los intereses generales de la comunidad? España es un país donde el respaldo a los privilegios de todo tipo, clase, condición, ideología, clero, un largo etcétera, ha sido una constante a lo largo de toda nuestra historia. Se degrada la sanidad pública a favor de la sanidad privada; luego llega el Covid, y ahí vemos el resultado. Con la enseñanza sucede otro tanto de lo mismo. Las ratios de alumnos por aula se han disparado a la alta en las últimas décadas hasta cifras inconcebibles en vez de seguir un sentido inverso que permita una educación más personalizada y no la masificación con que se incrementan las aulas. En esta situación ¿qué hacemos?, ¿seguir subvencionando a las empresas privadas, a las entidades con fines de lucro, en lugar de procurar un sistema educativo de calidad para toda la población?